miércoles, 21 de septiembre de 2016

Moción presentada en el pleno de agosto de 2016

A continuación les mostramos la otra propuesta que presentamos en el pleno del mes de agosto junto con el resultado.


Propuesta para la incorporación de criterios de contenido social y medioambiental en los procedimientos de contratación pública promovidos por el Ayuntamiento de Tacoronte


Doña Violeta Moreno Martínez, Ángel Méndez Guanche y Don Honorio Román Marichal Reyes, concejales del Grupo Político Sí se puede, del Ayuntamiento de Tacoronte, en uso de las atribuciones que les confiere el artículo 97.3 del R.O.F., presentan al Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte del mes de agosto del 2016 la presente PROPUESTA, para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente:


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“La administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público
Sentencia del Tribunal Supremo de 23/05/1997.

Esta propuesta está englobada dentro de nuestro eje programático de regeneración democrática, transparencia y buen gobierno. Su objetivo es la priorización, en los procesos de contratación y concesiones públicas, de las ofertas de empresas que acrediten en su funcionamiento el respeto por el medioambiente, los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, la conciliación, la integración y la inclusión social de colectivos desfavorecidos, la igualdad de género, el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales y al uso eficiente de los recursos.
Inicialmente debemos tener en cuenta que, según datos de 2015 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la contratación pública supera el 15% del PIB en los países desarrollados, y en España alcanzó el 18,5% del PIB. Esto suponen muchos miles de millones de euros anualmente.
La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, recoge en su articulo 26 que “Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que éstas sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo social y medioambiental”.
En la misma línea, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) señala en su exposición de motivos, cuando se refiere a las principales novedades respecto a la normativa anterior, que “afectan a la previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas, prefigurando una estructura que permita acoger pautas de adecuación de los contratos a nuevos requerimientos éticos y sociales”.

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, señala en su consideración nº 36 que “El empleo y la ocupación contribuyen a la integración en la sociedad y son elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos. En este contexto, los talleres protegidos […] y otras empresas sociales cuyo objetivo principal es apoyar la integración social y profesional o la reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas, […] pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres o empresas el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de los mismos o a reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido.” La consideración nº 37 expone:
“En aras de una integración adecuada de requisitos medioambientales, sociales y laborales en los procedimientos de licitación pública, resulta especialmente importante que los Estados miembros y los poderes adjudicadores tomen las medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos del Derecho medioambiental, social y laboral, aplicables en el lugar en el que se realicen las obras o se presten los servicios, y derivadas de leyes, reglamentos, decretos y decisiones, tanto nacionales como de la Unión, así como de convenios colectivos, siempre que dichas disposiciones y su aplicación cumplan el Derecho de la Unión.”

Este repaso al marco normativo quedaría incompleto sin hacer mención a la recién entrada en vigor Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, incorpora en su artículo 3º el reconocimiento de las Empresas de Inserción y de los Centros Especiales de Empleo como entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General. Por su parte, el artículo 4º extiende, además, la posibilidad de reserva en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a las empresas de inserción, ampliando la anteriormente existente respecto de las personas con diversidad funcional a través de los Centros Especiales de Empleo, y extendiéndola ahora a los colectivos en riesgo de exclusión laboral.

Por tanto, frente a las antiguas discusiones doctrinales y las diversas interpretaciones jurisprudenciales, la actual normativa estatal y comunitaria no deja lugar a dudas en cuanto a que la contratación pública es un ámbito adecuado para desarrollar políticas sociales, éticas y medioambientales. Introducir criterios de responsabilidad social es compatible con los principios de eficacia y eficiencia que rigen la ejecución del gasto público, sin que la inclusión de los mismos suponga la atribución a los órganos de contratación de una libertad incondicionada para la selección de la oferta ni la infracción de los principios generales aplicables a la actividad contractual de la Administración, en especial los de concurrencia, igualdad, no discriminación y las libertades de prestación de servicios y circulación de bienes. Varias Administraciones Públicas de diferentes Comunidades Autónomas del Estado español, así como distintos organismos de estados miembros de la Unión Europea, han realizado, con exitosos resultados, actuaciones de contratación responsable. Esas buenas prácticas de responsabilidad social y ambiental se están convirtiendo en estímulo y ejemplo para otras administraciones.

La concreción práctica de estos criterios sociales y medioambientales gira en torno al cumplimiento de los siguientes objetivos:
Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos.
Promover el empleo de personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo.
Combatir el paro.
Facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Promover la calidad en el empleo.
Promover la seguridad y salud laboral.
Proteger el medioambiente.
Promover sistemas de producción respetuosos con el entorno.
Impulsar la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, de subcontratación, y en materia de igualdad, que vengan determinadas por derechos colectivos e individuales que se deriven de la legislación social y laboral y/o de los convenios colectivos de aplicación.
También serán criterios de carácter social y medioambiental de obligado cumplimiento, en su caso, los siguientes:
a) La minimización del consumo de recursos naturales
b) La mínima generación de residuos peligrosos y no peligrosos, así como su reutilización o reciclabilidad.
c) La eficiencia energética y la utilización de fuentes de energía renovables.
d) El cumplimiento de algunas etiquetas ecológicas
e) La utilización de productos locales, ecológicos, frescos y/o de temporada en la elaboración de menús de los servicios de comedor o catering.
f) La presentación de planes ambientales del servicio objeto del contrato.
g) La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs)
h) La reducción de emisiones contaminantes tales como las partículas (PM10, PM2,5), los disolventes (COV) y óxidos de nitrógeno.
i) La minimización de vertido al agua de las sustancias priorizadas por la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
j) La eliminación o reducción de la utilización de productos o sustancias peligrosas carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción (CMR) y en especial la sustancias con riesgo R 50/53.
k) La incorporación e inocuidad de materiales reciclados al producto final.
l) El carácter biodegradable del producto final.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o, en su caso, la documentación preparatoria equivalente de los procedimientos de contratación de las entidades comprendidas en el sector público insular, incorporarán una condición especial de ejecución relativa al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en materia laboral, de seguridad social, y seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables a las personas trabajadoras vinculadas a la ejecución del contrato, siempre que las características del contrato lo permitan. En particular, la condición especial de ejecución establecerá la obligación de la empresa o entidad contratista de aplicar a la plantilla que ejecutará el contrato las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo existente en el sector en el que se encuadra la actividad de la empresa contratista, sin perjuicio de otros convenios y/o pactos de empresa que en su caso pudieran estar en vigor y mejoraran lo dispuesto en aquél. Se tendrá en cuenta como criterio determinante para no contratar con empresas, la reiteración sistemática y conocida de prácticas que vulneran los derechos laborales y sindicales de su personal (expresada mediante criterios objetivos como, por ejemplo, el número de demandas presentadas ante la Magistratura de Trabajo y falladas en contra de la empresa). En caso de subrogación de servicios, en ningún caso se establecerán condiciones laborales peores ni salarios inferiores a los que las personas trabajadoras vinieran percibiendo con anterioridad.

En definitiva, la presente moción propone incorporar de forma obligatoria en los pliegos de cláusulas administrativas de los procedimientos de contratación pública promovidos por el Ayuntamiento de Tacoronte, o en la documentación preparatoria equivalente (salvo los contratos menores), criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución que valoren aspectos sociales y medioambientales vinculados al objeto del contrato. Los aspectos sociales y medioambientales establecidos como criterios de adjudicación se especificarán y detallarán con precisión, de forma que todas las empresas licitadoras puedan conocer e interpretar en condiciones de igualdad los aspectos a valorar y el propio sistema de valoración. Además deben servir a los órganos de contratación para realizar una valoración comparativa de las distintas ofertas.


Por todo lo expuesto, la Concejala del Grupo Sí se puede eleva a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS

  1. Incorporar criterios sociales y medioambientales en todos sus procedimientos de contratación, así como en cualesquiera entidad que conforme su sector público. En los contratos menores y en aquellos en los que no sea obligatoria la elaboración y aprobación de pliegos de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas particulares, los criterios establecidos en el presente acuerdo se incluirán en los documentos contractuales y de preparación del contrato que en cada caso se realicen.
  2. Conforme a los artículos 117 y 118 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, las prescripciones técnicas de las propuestas presentadas tendrán preceptivamente en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas, tales como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con diversidad funcional.
  3. El Ayuntamiento de Tacoronte mantendrá y consolidará sus políticas ya iniciadas, reservando determinados contratos a entidades sociales y solidarias que tengan por objeto la integración sociolaboral de personas en situación de riesgo o exclusión social, tales como empresas de inserción, centros especiales de empleo de personas con diversidad funcional o centros ocupacionales.
  4. Este Ayuntamiento incorporará, siempre que las características y objeto del contrato lo permita, criterios de contratación, condiciones de ejecución y/o criterios de preferencia relacionados con la integración sociolaboral de colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social.
  5. Este Ayuntamiento, cuando las características y el objeto del contrato lo permita, incorporará cláusulas que contribuyan directamente a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la conciliación de la vida laboral y familiar. 
  6. Conforme al artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se incorporarán criterios y condiciones de adjudicación o preferencia relacionados con la calidad del empleo generado para la plantilla que ejecutará el contrato, tales como la contratación indefinida o mejoras laborales respecto a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores o en el correspondiente convenio colectivo.
  7. Este Ayuntamiento tendrá en cuenta el valor social y la seguridad de los productos y servicios que necesite contratar y, siempre que la relación calidad-precio lo aconseje, optará por aquéllos que entrañen menor peligro y/o tengan características sociales positivas y más saludables, tales como productos de Comercio Justo, ecológicos, reciclables, etc. Igualmente, este Ayuntamiento contemplará el valor ambiental de los productos y servicios que necesite contratar y, siempre que la relación calidad-precio lo aconseje, optará por aquéllos que tengan características medioambientales positivas.
  8. En general, el Ayuntamiento de Tacoronte incorporará criterios de carácter social relacionados con la calidad de la propuesta presentada: dimensión comunitaria del proyecto, transferencia de conocimiento, retorno social del contrato, adaptación a las necesidades de los grupos receptores y participación de las personas usuarias en el diseño, mejora y evaluación del contrato.
  9. El Ayuntamiento de Tacoronte se compromete a desarrollar en el plazo de seis meses la reglamentación que desarrolle, con todas las garantías jurídicas y de gestión, los acuerdos anteriores, incorporando las propuestas contenidas en la parte expositiva de esta propuesta y cualesquiera otras medidas de responsabilidad social y ambiental que las mejoren y enriquezcan. En los trabajos deliberativos para la elaboración de dicha reglamentación se contará con la participación de todos los grupos políticos de la corporación; y se consultará y contará con el asesoramiento de las organizaciones sindicales presentes en el Ayuntamiento, en los entes instrumentales y en todas las empresas a las que la administración municipal ha subcontratado servicios esenciales –como los de limpieza o aguas–; de la Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción sociolaboral Anagos; de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS); de las organizaciones de mujeres que trabajan en materia de Igualdad de Género; y también de representantes de los Colegios Profesionales más directamente relacionados con esta cuestión, entre los que se encontrarán al menos los de Trabajo Social, Graduados Sociales y Psicología.
  10. Una vez concluida la reglamentación anterior, el Ayuntamiento desarrollará, por último, un plan de trabajo que incluya sesiones formativas dirigidas al personal técnico y político, y en particular a las personas responsables de la contratación en el Ayuntamiento y en todas sus entidades; así como asesoría técnica en la elaboración de pliegos de contratación; y la elaboración de una Guía como instrumento para la correcta incorporación de cláusulas sociales y medioambientales que se presentará al personal de todos los servicios del Ayuntamiento de Tacoronte.

En Tacoronte, a 21 de julio de 2016
Fdo: Violeta Moreno Martínez


El Grupo Municipal Coalición Canaria-PNC, con fecha 1 de agosto de 2016, y con nº de Registro de Entrada 2016-009973, presentó enmienda a la citada propuesta que literalmente dice: 

“Álvaro Dávila González como Portavoz del Grupo Municipal CC_PNC presenta la siguiente ENMIENDA a la propuesta presentada por SSP el día 21-07-2016 sobre: Propuesta para la incorporación de criterios de contenido social y medio ambiental en los procedimientos de contratación pública promovidos por el Ayuntamiento de Tacoronte. Enmienda: - 

En el punto número 9 de los acuerdos, cambiar “en el plazo de seis meses” por “plazo de un año”.” 



Deliberado suficientemente éste asunto del Orden del Día, por UNANIMIDAD de los asistentes, 

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