jueves, 5 de marzo de 2015

Miedo a condenar las amenazas e injurias de la ultraderecha.

De bochornosa podría calificarse la situación vivida en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Tacoronte el pasado lunes 2 de marzo. 

Incluida en el Orden del Día una propuesta de Sí se puede para pedir la condena tajante a los ataques personales, insultos, calumnias, injurias y amenazas que se vierten desde ciertas cadenas de radio y tv locales en Tenerife contra personas relacionadas con las políticas de izquierdas, al llegarse a la votación, ningún concejal/a de los grupos popular, nacionalista canario, socialista y no adscritos quisieron o se atrevieron a apoyar esta propuesta de Sí se puede.

Aunque es cierto que no cabía esperar apoyos en esta materia por parte de los/as concejales/as de la derecha política (pp y cc), es más llamativa la postura del concejal del PsoE y de los del grupo de No adscritos, ya que ellos mismos han sido víctimas de estos ataques en más de una ocasión, y cuyo voto no puede interpretarse más que en la clave del MIEDO a posibles represalias durante un período preelectoral por parte de las cadenas de radio o tv en manos de empresarios ligados a las políticas de la derecha y ultraderecha en esta Isla. 

Sin que puedan ampararse en la Libertad de Expresión o de Prensa, reconocidas en la Constitución y las Leyes del Estado español, estos claros casos de insultos y amenazas difundidos en medios informativos que llegan a una parte considerable de población, pueden acabar generando casos de violencia en la calle contra personas que son o han sido cargos públicos de partidos de la izquierda política tinerfeña o canaria, al convertirlos mediante un discurso repetitivo, lleno de violencia e injurias, en blanco de iras de cualquier persona que caiga en esas incitaciones.



Entendiendo que no se puede menospreciar el riesgo de agresiones y los presuntos delitos cometidos en estas emisiones de radio y tv, parece sin embargo que algunos políticos de la derecha quieran hacer creer a la gente que dichas emisiones son algo normal, meras anécdotas en todo caso, casi jocosas, cuando la realidad es que no tienen nada de cómico y que suponen la comisión continuada de presuntos delitos de injurias o amenazas, tal y como reconoce el vigente Código Penal.


Envueltas en un falso decorado de "localismo" y populismo, son en realidad un escaparate para adoctrinamiento de actitudes violentas, de desprecio a quienes no piensan exactamente como ellos. Los vídeos sobre estas emisiones están suficientemente difundidos a través de redes sociales como para contrastarlo toda aquella persona que tenga dudas al respecto.


No se trata de censurar, como algunos quieren hacer ver, ya que se puede tratar cualquier tema político sin llegar a las formas amenazantes que adoptan estos medios.



Además de suponer un daño a la imagen del periodismo en Tenerife, y a la propia imagen de la sociedad tinerfeña ante los turistas que nos visitan, este tipo de programas, en los que se emiten de forma habitual expresiones homófobas, racistas, de exaltación de la dictadura franquista o de incitación a la violencia callejera, no deben ser ignorados por los representantes públicos en las Instituciones, ya que supondría ignorar lo establecido en diversas Leyes en vigor, entre las que destacaríamos:

1- El articulo 15 de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, en cuanto a la retirada de subvenciones y ayudas de las Administraciones Públicas a los propietarios privados de medios que hagan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar y la represión franquista.



2 - Artículo 208 de la Ley Orgánica 10/1995, que estableció el actual Código Penal, y en el que se define la INJURIA como la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

3 - Artículos 209 al 212 de la citada Ley 10/1995, que determinan que la CALUMNIA y la INJURIA se reputarán hechas CON PUBLICIDAD cuando se propaguen por medio de radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante, siendo responsable civil solidario la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o la injuria.

4 - Artículo 215 de la misma Ley, que establece que SE PROCEDERÁ DE OFICIO cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

5 - Artículo 169 de la citada Ley, que establece que quien AMENACE a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado, un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, contra la libertad, torturas o contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado con la pena de PRISIÓN DE UNO A CINCO AÑOS, si se hubiere amenazado exigiendo una cantidad o imponiendo otra condición aunque sea lícita, y el culpable hubiera conseguido su propósito, imponiéndose las penas en su mitad superior si las amenazas se hicieran por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.




6 - Artículo 170 de la citada Ley, que establece que cuando las amenazas de un mal que constituya delito fuesen dirigidas a ATEMORIZAR A LOS HABITANTES de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o COLECTIVO SOCIAL o profesional, o a cualquier otro grupo de personas y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en el artículo 169, siendo castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos.

Creemos que se deberían recordar bien todas estas cosas y no mirar para otro lado cuando en una cadena de televisión local se emiten expresiones tales como "salir a pegarle seis tiros en la boca" a un alcalde, por el mero hecho de ser de un partido de izquierdas que no es del agrado del "tertuliano", o cuando se califica como "tú eres un hijo de la gran puta" a una persona por el mero hecho de representar a un partido político con opciones de llegar a ostentar el poder ejercitando políticas sociales y económicas de un programa de izquierdas. Creemos que no es para echarse a reir, ni para ignorarlo, y que como mínimo, merece una postura de condena pública y colectiva. 

RECHAZAR LA CONDENA DE ESTOS ACTOS IMPLICA QUE LOS ACEPTAN COMO VÁLIDOS O PERMISIBLES.

Es por eso que nos parece más inexplicable si cabe aún la postura de abstención por parte de algunos concejales que saben con certeza que los insultos en muchas ocasiones han sido dirigidos contra concejales o incluso alcaldes de nuestra comarca.

Porque entendemos que la libertad de prensa no pasa por admitir insultos ni amenazas, y que se pueden abordar los debates sobre todos los temas sin llegar a insultar y dar esa penosa imagen ante las cámaras o los micrófonos, es por lo que pedimos al resto de concejales/as a los que se les supone un espíritu democrático, la condena de tales actos.

Por otro lado, resulta asombrosa la postura tomada por las Fuerzas de Seguridad estatales y autonómicas en este sentido, sobre todo teniendo en cuenta que en otros casos de amenazas, como los sucedidos los días 15 y 16 de enero a través de mensajes publicados en redes sociales, generaron la detención inmediata de dos personas en Barcelona y Valencia, acusados de sendos delitos contra el honor y de amenazas. 

Queremos pensar que no existe diferencia de trato según sea el sentido político de la amenaza, ni que existe orden de protección para quienes amenazan en un lugar determinado de las Islas y deseamos que al menos la Justicia actúe en estos casos, ya que los cargos públicos municipales no han querido hacerlo en la medida de su capacidad de actuar.



No nos engañemos, este tipo de actos NO SON PERIODISMO, son simples y vulgares amenazas e injurias. No cabe la solidaridad profesional con quien no cumple las Leyes.

Sostenidos por publicidad de determinadas empresas e incluso de Administraciones Locales que consideran válido o gracioso la difusión de amenazas radiofónicas o televisivas, este tipo de personajes parecen sentirse protegidos ante posibles acciones judiciales o policiales, algo que no debería suceder en un ESTADO DE DERECHO. El apoyo implícito de parte de la clase política insular, les perpetúa en su actividad.

Esperemos que no haya que lamentar ninguna desgracia (como ya ha estado a punto de suceder en alguna ocasión) para que los "políticos mudos" con estas actividades cambien su postura y comprendan su parte de responsabilidad en la emisión de amenazas e insultos, y entiendan de una vez por todas que todas las violencias son condenables, y no sólo las que les interesan por su ideario político.








No hay comentarios:

Publicar un comentario