jueves, 29 de enero de 2015

Mociones presentadas por Sí se Puede para su debate en el Pleno Ordinario de Febrero de 2015

LES INFORMAMOS DE LAS MOCIONES QUE SÍ SE PUEDE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA EN EL REGISTRO DE ENTRADA DE NUESTRO AYUNTAMIENTO PARA SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DEL 3 DE FEBRERO.

DE ELLAS, LA SEGUNDA MOCIÓN, NO HA SIDO INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DÍA POR DECISIÓN DEL ALCALDE.


MOCIÓN PARA SOLICITAR AL CABILDO INSULAR DE TENERIFE LA SUSPENSIÓN DE INVERSIÓN DE DINERO PÚBLICO EN LOS PROYECTOS FERROVIARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE TAL PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL ARREGLO URGENTE DE CARRETERAS EN EL NORTE DE TENERIFE.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


El Cabildo Insular de Tenerife ha expresado públicamente su intención de destinar una importante cantidad de dinero público para el desarrollo del proyecto del Tren del Sur de Tenerife, una infraestructura que actualmente no sólo no está iniciada, sino que necesitaría de la realización de diversas actuaciones importantes como expropiaciones o construcción de pasos elevados. La intención manifestada por el Presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, es que las primeras obras comenzaran a ejecutarse en el año 2016.

Pese a que ya se ha invertido bastante dinero público en la simple elaboración de los proyectos ferroviarios, en los que se incluian estudios en los que se preveía una escasa incidencia del tren en cuanto a disuación del uso del coche particular, el Cabildo parece empeñado en seguir adelante con este proyecto, cuyas obras no tienen financiación asegurada por su elevado coste.

Al mismo tiempo, asistimos al continuo colapso de la autopista del Norte en determinadas franjas horarias, cuya solución pasa -como ya ha reconocido el propio Cabildo-  por la implantación de un carril guagua.

Igualmente, el estado de conservación del viario titularidad del Cabildo Insular, presenta un lamentable estado de conservación en varios municipios del Norte de Tenerife, entre los que se incluye el nuestro de Tacoronte; esta falta de labores de conservación repercute de forma negativa en la seguridad viaria y en el deterioro acelerado de los vehículos de los usuarios que transitan por ellas.

Dentro del municipio de Tacoronte, las carreteras afectadas por esta falta de conservación son las siguientes: la autopista del norte (TF-5), la carretera Tacoronte - Tejina (TF-16), la carretera La Laguna – El Sauzal (TF-152), la carretera Valle Guerra – El Pris (TF-163), la carretera Tacoronte – Juan Fernández (TF-165), la carretera La Esperanza – Agua García (TF-226), la carretera Agua García – TF-5 (El Cantillo) (TF-228), la carretera Los Rodeos – Campo de Golf (TF-235) y la carretera Cruz Chica – Agua García (TF-237).

En su momento, el Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte ya aprobó una moción de nuestro partido pidiendo dirigirse al Cabildo Insular de Tenerife para iniciar una rápida actuación sobre estas vías, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta de dicha Administración, según ha informado el equipo de gobierno local.

Por todo lo expuesto, los concejales de Sí se puede en la Corporación tacorontera elevan a la consideración del Pleno la siguiente propuesta de


ACUERDO


Conscientes de la necesidad urgente de reparar los desperfectos en las vías de titularidad insular en el ámbito de nuestro municipio y del carácter poco útil y despilfarrador de la inversión en el proyecto ferroviario, el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad de Tacoronte  acuerda dirigirse al Cabildo Insular de Tenerife para exigir la modificación presupuestaria correspondiente, de forma que se destinen los fondos públicos actualmente comprometidos para el proyecto ferroviario, a la puesta en marcha de un plan urgente de mejora de las referidas carreteras de las que es responsable.


Dicha inversión tendrá por objeto poder ejecutar la adecuada renovación del firme de aquellos tramos que presentan un mal estado de conservación, la mejora de la señalización vertical y horizontal, la colocación de barreras protectoras de los peatones en la zona del puente peatonal de Los Naranjeros, situado a la altura de la fábrica de la Coca-Cola, y la progresiva instalación de vallas o guardarraíles dotados de sistemas de protección de motoristas (SPM), ciclomotoristas y ciclistas, así como para la ejecución del carril exclusivo para guaguas, a implantar en la autovía TF5 entre Tacoronte y Santa Cruz de Tenerife.

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MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA SUSPENSIÓN DE ORDEN DE EXPULSIÓN DEL CIUDADANO SAHARAUI  Y DEFENSOR DE LOS DD.HH., D. HASSANNA  AALIA ASÍ COMO LA CONCESIÓN AL MISMO DE ASILO POLÍTICO EN EL ESTADO ESPAÑOL.


Ángel Méndez Guanche y Carmen del Cristo García Estévez, concejales de Alternativa Sí se puede por Tenerife, pertenecientes al Grupo Mixto Municipal del Ayuntamiento de Tacoronte, en uso de las atribuciones que les confiere el artículo 97.3 del R.O.F., presentan al Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte la presente MOCIÓN para su debate y aprobación si procede, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
                                  
El 19 de enero de 2015 el Ministerio del Interior español le notificó a Hassanna Aalia, un joven saharaui nacido en El Aaiún en 1988, y activista en defensa de los Derechos Humanos del pueblo saharaui,  la denegación del asilo político en España que había solicitado y el plazo de 15 días para abandonar territorio español.

Este joven participó en 2010 junto con aproximadamente 80.000 saharauis en Gdeim Izik, el campamento de protesta pacífica más importante en la historia del Sahara Occidental, desmantelado por el ejército marroquí con extrema violencia el 8 de noviembre de 2010. A consecuencia de esa participación, Hassanna es juzgado, en una farsa llena de irregularidades, y sentenciado en 2011 a cuatro meses de prisión sin ejecución.

En octubre de 2011 tiene la oportunidad de viajar al País Vasco con una beca de estudios. Cuando le faltan dos meses para regresar a El Aaiún, el gobierno marroquí emite orden de busca y captura contra él por los mismos hechos por los que ya había sido juzgado. No sin dolor, decide no regresar a su tierra e inicia los trámites de solicitud del asilo político al gobierno español.

El 17 febrero de 2013 el Tribunal Militar de Rabat emite sentencia contra 25 civiles saharauis, acusados de haber organizado Gdeim Izik, entre ellos Hassana Aalia que permanece en el País Vasco y es juzgado en rebeldía y condenado a cadena perpetua.

Desde entonces recorre el territorio del estado español para dar a conocer la situación de desamparo de sus compañeros encarcelados y la injusticia a la que el régimen marroquí somete diariamente al pueblo saharaui, participando en conferencias, seminarios y cualquier acto público con ese objetivo.

De aplicarse la resolución del Ministerio del Interior, Hasanna Aalia será castigado duramente por las autoridades de ocupación marroquí y no volverá a salir de prisión en lo que le queda de vida, porque es una persona activa políticamente y nunca ha dejado de luchar pacíficamente por el derecho a la autodeterminación de su pueblo, lucha que le ha costado detenciones y torturas en numerosas ocasiones.

Debemos recordar que la legislación internacional es muy precisa en este aspecto, y así, tenemos que el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce este derecho básico:
– En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, ya disfrutar de él, en cualquier país.
El derecho de asilo se garantiza en España dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con la Constitución.
El artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007 establece que:
-        El principio de no devolución, incluido en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, exige que los países reciban en algún lugar a las personas que huyen de la situación persecutoria y prohíbe situar al refugiado, ya sea por expulsión o devolución, en las fronteras de territorios donde su vida o libertad corre peligro por causas de raza, religión, nacionalidad, ideología política, etc.
-        Implica que cada solicitante tenga acceso a procedimientos justos y efectivos para la evaluación de las solicitudes. Mientras se tramita una solicitud de asilo y se toma una decisión, la persona tiene derecho a no ser devuelto al país donde su vida, libertad o seguridad corran peligro.
-        La convención fue aprobada durante una conferencia especial de las Naciones Unidas el 28 de julio de 1951 y expandió su campo de acción mediante el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, existiendo actualmente 147 estados signatarios de la Convención y el Protocolo.
El Artículo 1 de la convención, enmendado por el Protocolo de 1967 provee la definición de refugiado: "Una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a éste".
Es decir, la a condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él. El amparo concedido con la protección internacional (término que engloba tanto el derecho de asilo como la protección subsidiaria) consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las medidas contempladas en la normativa española, la de la Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por España mientras subsistan las circunstancias en virtud de las cuales se les concede el derecho de asilo o de protección subsidiaria.
Los actos en que se basen los fundados temores a ser objeto de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, deberán:
- Ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales amparados en el apartado segundo del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o bien
-  Ser una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas, incluidas las violaciones de derechos humanos, como para afectar a una persona de manera similar a lo anterior mencionado.

      Los actos de persecución podrán revestir, entre otras, las siguientes formas:
-  Actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual.
-  Medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o que se apliquen de manera discriminatoria.
-  Procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios.
-  Denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias.

      Se considera según la misma legislación internacional suscrita por España, que constituyen daños graves: la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

        Los fundados temores de ser perseguido o el riesgo real de sufrir daños graves pueden asimismo basarse en acontecimientos sucedidos o actividades en que haya participado la persona solicitante, de forma expresamente no intencionada, con posterioridad al abandono del país de origen o, en el caso de apátridas, el de residencia habitual, en especial si se demuestra que dichos acontecimientos o actividades constituyen la expresión de convicciones u orientaciones mantenidas en el país de origen o de residencia habitual.

            Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la vecindad de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) con Canarias, así como la permanente relación de nuestro pueblo con una nutrida población saharaui que se ve obligada a vivir y trabajar en nuestra tierra como única posibilidad para ellos de poder adquirir formación o simplemente, para pode vivir en condiciones de una mínima seguridad personal y familiar, es por lo que los concejales
abajo firmantes, miembros de Sí se Puede, pertenecientes al Grupo Mixto municipal, presentan ante el Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte para su debate y aprobación, en su caso, la adopción de los siguientes

ACUERDOS:
PRIMERO:

El Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte solicita al Gobierno de España que detenga el proceso de expulsión del ciudadano saharaui Hassanna Aalia y apruebe su solicitud de asilo político, según lo establecido en el  artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en las normas al respecto establecidas en la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protoloco de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, en el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007, en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, o en la propia Ley 12/2009, de 30 de Octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, toda vez que se trata de un ciudadano civil que ha sido juzgado y condenado por un tribunal militar,  sin posibilidad de defensa efectiva alguna y por un tema sobre el cual no tiene competencia el Gobierno de Marruecos, al tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y sobre el cual el Derecho Internacional reconoce a España como la potencia administradora.

SEGUNDO:
El Ayuntamiento de Tacoronte solicita al Gobierno del Estado español que  asuma sus responsabilidades históricas, políticas y jurídicas en el Sahara Occidental y promueva, especialmente este año que ocupa un puesto en el Consejo de Seguridad, que la ONU vele por el respeto de los derechos humanos de la población saharaui, y en concreto realice cuantas gestiones sean necesarias para la liberación de todos los presos políticos saharauis.

TERCERO:

El Ayuntamiento de Tacoronte solicita al Gobierno de Canarias y al resto de municipios que integran la FECAM, que se adhieran a la presente petición, remitiendo sendas solicitudes a la Dirección General de Extranjería e Inmigración ( Ministerio del Interior) del Gobierno de España.

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