lunes, 24 de noviembre de 2014

Sí se puede presentará 6 mociones en el Pleno Ordinario de diciembre.

En el próximo Pleno Ordinario a celebrar en nuestro Ayuntamiento, el día 1 de diciembre, Sí se puede presentará 6 mociones, que a continuación reproducimos, para conocimiento general de los ciudadanos/as de Tacoronte. Dos de ellas han sido elaboradas a propuesta de la asamblea local en Tacoronte de Izquierda Unida Canaria, partido político con el que hemos iniciado una colaboración a nivel municipal, de la misma manera que en otras ocasiones lo hemos hecho con sindicatos o colectivos vecinales.


- I -
MOCIÓN PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL PERSONAL QUE GESTIONA LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TACORONTE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


Algunas de las consecuencias más graves del evidente fracaso del modelo neoliberal son el enorme incremento del desempleo y la precarización laboral que, a su vez, empeoran o provocan otras complejas problemáticas sociales. Desde Sí se puede, llevamos años reclamando un sistema de garantía de rentas que asegure a las personas la satisfacción de sus necesidades desde una lógica de autonomía y dignidad. Ante los elevados niveles de pobreza y desempleo, en lugar de adelgazar el Estado Social, los gobiernos han de garantizar el bienestar de la ciudadanía y no el de los mercados. Para ello consideramos necesaria la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, la articulación de un sistema de viviendas de alquiler social utilizando el parque de viviendas vacías, el establecimiento de sistemas locales de alimentación basados en la puesta en producción de terrenos baldíos, huertos urbanos y sistemas de intercambio directo entre productores y consumidores, la creación de empleo potenciando las energías renovables, los servicios personales, el turismo sostenible y la promoción de procesos de autogestión ciudadana, entre otras propuestas fundamentales.

Sin embargo, la respuesta que se está dando desde las administraciones públicas a esas situaciones, en general, no está a la altura de lo que la realidad social demanda. En el caso de nuestra ciudad, reconocemos y valoramos ciertas mejoras en el ámbito de los servicios sociales respecto a etapas anteriores. Sin embargo, los servicios sociales siguen estando desbordados porque no cuentan con la cantidad de recursos suficientes para identificar y responder a tiempo y de forma efectiva a muchas de las problemáticas sociales, ni para apoyar suficientemente en su proceso de integración sociolaboral a las personas y familias más vulnerables a la exclusión social.

En particular, casi todos los miembros de esta corporación hemos manifestado en distintos ámbitos que es necesario aumentar la plantilla de trabajadoras/es sociales y, además, garantizar la estabilidad y continuidad del personal especializado en la tramitación y gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), así como en el apoyo a la integración social asociada a la misma.

La Ley 1/2007 de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, en su artículo primero plantea que “tiene por objeto regular, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la Prestación Canaria de Inserción, para conseguir la inserción social, económica y laboral de aquel sector de la población con especiales dificultades de integración, que proporcionará:
a) Una ayuda económica, que recibirá el nombre de ayuda económica básica, cuya finalidad es ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes, por carecer de recursos materiales, se encuentren en situación de mayor desigualdad social respecto al promedio de la población canaria.
b) Apoyos a la integración social mediante la realización de actividades de inserción, dirigidas a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con dificultades de inserción social, laboral y escolar, o ligadas a razones de desestructuración familiar, educativa, o desajustes personales”.

El artículo 39 de la misma ley, define las competencias de los Ayuntamientos respecto a la PCI:

a) La detección de las personas en situación o riesgo de exclusión y la puesta en marcha de las acciones asistenciales y rehabilitadoras que posibiliten la inserción social de las mismas.
b) La recepción de las solicitudes y la tramitación administrativa de la Prestación Canaria de Inserción en su fase de iniciación del procedimiento.
c) La elaboración de los informes sociales y la elaboración del documento que contenga los programas específicos de actividades de inserción dirigidos a la unidad de convivencia, o en su caso, a alguno de sus miembros.
d) El seguimiento de los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción y el control del cumplimiento de las obligaciones y requisitos exigidos en la presente ley, y en particular, el seguimiento de la participación de las personas incluidas en los programas específicos de actividades de inserción dirigidos a la unidad de convivencia.
e) La cooperación con la Administración autonómica en la fijación de criterios de uniformidad en la tramitación de los expedientes, así como en la aplicación de las medidas contempladas en la presente ley, y, en su caso, en las normas de desarrollo.
Este municipio solo cuenta con una persona dedicada a la tramitación inicial de la PCI y visitas a domicilio. Esta trabajadora se vio asumiendo el trabajo de las dos trabajadoras anteriores que tramitaban las PCI, con la misma jornada laboral. Es necesaria otra persona, que no solo garantice el trabajo de tramitación, sino la parte de inserción. Actualmente, la trabajadora encargada de la PCI en este ayuntamiento está elaborando todos los expedientes de los solicitantes y renovaciones, aparte de las visitas a domicilio. Consideramos que esto supone una sobrecarga de trabajo a esta trabajadora y con ello un empeoramiento de este servicio prioritario.

Con todo lo expuesto, en el gravísimo contexto social actual, el escaso personal que tramita la PCI en el Ayuntamiento de Tacoronte ha traído como consecuencia que la lista de espera de solicitantes sea de un mes y medio, además de la insuficiencia en el apoyo a la integración social vinculada a la ayuda económica, contraviniendo lo establecido en la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

Ahora bien, no sería justo descargar toda la responsabilidad de esta situación en nuestro Ayuntamiento; el Gobierno de Canarias redujo en casi un 50% su aportación en 2013 a la financiación del programa de la PCI en Santa Cruz, respecto a 2012. Y ese recorte fue, a su vez, parcialmente consecuencia de la reducción realizada por el gobierno estatal de la financiación del Plan Concertado para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

Pero además de señalar las responsabilidades, estamos aquí para proponer soluciones y garantizar el derecho básico a la Prestación Canaria de Inserción, así como los derechos laborales de las y los trabajadores que la gestionan.

En cuanto a la necesidad de crédito para contratar, sin perjuicio de exigir a las administraciones autonómica y estatal el aumento de la financiación para los próximos ejercicios, consideramos que el Ayuntamiento de Tacoronte también puede y debe dar prioridad al aumento y estabilización del personal de los servicios sociales municipales y realizar modificaciones presupuestarias para reducir o eliminar otras partidas superfluas.

Por otro lado, la principal razón dada por el grupo de gobierno para no poder contratar más trabajadores/as sociales es el marco legal neoliberal impuesto por la troika y apuntalado en los últimos años por el Gobierno de España, que limita en gran medida la contratación de personal por parte de las administraciones públicas. Así, el artículo 23.Dos de la Ley 7/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 plantea que durante el presente ejercicio “no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Sin embargo, a pesar de las restricciones y dado que las necesidades sociales del municipio de Tacoronte son “urgentes e inaplazables”, consideramos que la contratación continua y permanente de personal que gestione la Prestación Canaria de Inserción cabe en el marco de la normativa vigente. Este Ayuntamiento debe, al menos, intentar que así sea y, en particular, solicitarlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por todo lo expuesto, los Concejales de Alternativa Sí se puede por Tenerife, pertenecientes al Grupo Mixto de este Ayuntamiento, elevan a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes

ACUERDOS:
  1. Según lo establecido en los artículos 23 dos y cuatro de la Ley 7/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la autorización para contratar de manera continua y estable el personal necesario para garantizar el derecho de la ciudadanía a percibir la Prestación Canaria de Inserción y el apoyo necesario para la integración sociolaboral asociada a la misma.
  1. Garantizar que dichas contrataciones se realicen de manera transparente y objetiva para garantizar su continuidad.
  1. Realizar las modificaciones presupuestarias necesarias en 2015 y aumentar la correspondiente partida en ejercicios posteriores para garantizar la financiación estable y continua de dichas contrataciones.
  1. Exigir a los gobiernos estatal y autonómico el aumento en un 100% de las partidas destinadas al Plan Concertado para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para el año 2015 y su aumento progresivo en ejercicios posteriores.
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- II - 

MOCIÓN PARA PEDIR LA CREACIÓN DE UN CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y DOTAR DE PRESUPUESTO LAS MEDIDAS DESTINADAS A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, TAL Y COMO SE APROBÓ EN EL PACTO CANARIO POR LA INFANCIA, SUSCRITO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En el pasado Pleno Ordinario del día 3 de noviembre, el Ayuntamiento de Tacoronte aprobó por unanimidad el punto VIII del Orden del Día, referente a la Adhesión del Ayuntamiento de Tacoronte al “Pacto Canario por la Infancia”. Dicho Pacto pretende impulsar y coordinar las políticas de infancia que se desarrollan en Canarias, tanto a nivel de la Comunida Autónoma, como insular o municipal.

Recientemente, el Presidente de UNICEF en España ha declarado que “Si el Pacto no tiene reflejo presupuestario, quedará en sólo grandes declaraciones” y ha pedido actuaciones concretas a las Administraciones Públicas.

A fecha de hoy, el Cabildo Insular de Tenerife no ha desarrollado el Consejo de la Infancia, ni existe tampoco un Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, como órgano colegiado para la participación y colaboración con la Administración Insular o Municipal, destinado a aquellos asuntos que se considere necesario someter a conocimiento y consulta en materia de promoción, atención y protección a la infancia, y cuyos acuerdos tendrían el carácter de petición, informe o consulta no vinculante, ante los Organismos Públicos y privados a los que afecte, tal y como propone la Convención sobre los Derechos de la Infancia de la ONU.

La coordinación de las actuaciones en materia infantil para garantizar esos derechos, entre los que se incluye la participación de los niños y niñas en algunas actuaciones, es fundamental para poder dar efectividad al Pacto Canario por la Infancia.

Dado que la legislación actual, a través de estos Consejos Insulares y Municipales, sí permite a la Administración insular y local tomar parte decisiva en las decisiones que afectan a la infancia en materia de educación, sanidad, seguridad, etc. se hace necesario dotar de asignación presupuestaria suficiente a dichos Órganos.

Dado que el Pacto por la Infancia ha sido ya suscrito en el Parlamento de Canarias por el Presidente del Gobierno de Canarias, el Diputado del Común, y los representantes de los Grupos Parlamentarios y de la FECAI y la FECAM, entendemos que es necesario dotar de efectividad dicho acuerdo mediante la mencionada asignación presupuestaria.

Por todo lo expuesto anteriormente, los abajo firmantes, concejales de Alternativa Sí se Puede, pertenecientes al Grupo Mixto municipal, presentan ante el Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación, en su caso, la adopción de los siguientes


ACUERDOS:

Primero.- Proponer la creación del consejo municipal de la infancia, en el que los niños puedan hacer llegar sus inquietudes y demandas a los representantes públicos.

Segundo.- Aprobar una dotación presupuestaria suficiente para la gestión de dicho órgano, en los presupuestos municipales.

Tercero.- Regular la seguridad y vigilancia en parques infantiles del municipio.

Cuarto.- Garantizar la continuidad de un servicio municipal de escuela infantil, dotando de presupuesto suficiente a una plantilla de personal mínima para su funcionamiento en los casos de incumplimiento por parte de la Administración autonómica o insular.


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- III - 

MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE CANARIAS Y CABILDO INSULAR DE TENERIFE LA CREACIÓN DE UNA TASA TURÍSTICA DESTINADA A LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el período comprendido entre enero y octubre de 2014, más de 9,4 millones de turistas extranjeros han visitado las Islas Canarias, según datos de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, lo que supone un incremento del 11,32 % respecto al mismo período del año pasado, calculándose que se cierre el año 2014 con la visita de más de 13 millones de turistas en las Islas.

Durante el período enero-octubre, Tenerife recibió un total de 3,470,547 pasajeros extranjeros, lo que supone un aumento del 8,7% respecto a 2013.

Es un hecho constatado que esta población flotante consume recursos de nuestra Isla (agua, energía eléctrica, depuración, contaminación, etc) y genera residuos durante su estancia. A diferencia de la población residente, estas personas no pagan nada en concepto de reciclaje de la basura generada, depuración de las aguas residuales producidas o coste de la desalación del agua consumida.

En Europa tenemos varios ejemplos de países que han decidido implantar el impuesto turístico en distintas versiones, siendo el caso más reciente el de la ciudad de Lisboa, que comenzará a cobrar en 2015 una tasa de 1 euro por cada turista que llegue a la ciudad por el puerto o aeropuerto y 1 euro por pernoctación, quedando exentos los menores de edad y aplicándose sólo a las 7 primeras noches. Se calcula que dicho impuesto podrá aportar a las arcas municipales en torno a 16 millones de euros al año.

Algunas Comunidades Autónomas del Estado español, como Baleares, han implantado aunque fuera temporalmente la denominada “tasa ecoturística” consistente en el cobro de un euro por turista que pernocta en establecimientos hoteleros, sin que por ello se haya resentido la afluencia de turismo a la Comunidad.

Por todos es conocido el enorme problema de desempleo que sufre la población residente en Canarias, así como los problemas medioambientales asociados al tratamiento de residuos y la gestión del agua de consumo.

Si bien Tacoronte no es uno de los municipios con mayor número de pernoctaciones de turistas extranjeros, recibe igualmente al año una cantidad no determinada de visitas incluidas en diversos circuitos turísticos. Por otro lado, no podemos ignorar que la generación de residuos y el consumo de agua potable son problemas que afectan a la totalidad de residentes en la Isla de Tenerife, que debemos de hacer frente con nuestros impuestos al coste de la correspondiente gestión.

Por todo lo expuesto, los concejales de Sí se puede en la Corporación tacorontera elevan a la consideración del Pleno la siguiente propuesta de

ACUERDOS: 

1: Solicitar al Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de Canarias y Parlamento de Canarias la creación de una tasa turística en el importe que se considere oportuno, aplicable a los turistas que llegan a Canarias por aeropuertos y puertos, destinando el importe de la recaudación por este concepto a los costes de la gestión de residuos, obtención de agua de consumo y depuración de aguas residuales, fomentando con ello la creación de puestos de trabajo en el sector.

2: Hacer extensiva esta propuesta al resto de Ayuntamientos de Canarias a través de la FECAM.

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-  IV - 

MOCIÓN PARA CONDENAR LA AGRESIÓN POR PARTE DE MIEMBROS DE LA ARMADA ESPAÑOLA CONTRA EMBARCACIONES CIVILES EL PASADO DÍA 15 DE NOVIEMBRE EN AGUAS CANARIAS Y PEDIR LAS RESPONSABILIDADES JUDICIALES CORRESPONDIENTES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El pasado día 15 de noviembre, varios activistas de la organización ecologista Greenpeace se dirigieron en lanchas ligeras hacia las inmediaciones del buque perforador que la empresa REPSOL ha desplegado en aguas canarias. Su objetivo era protestar contra las prospecciones petrolíferas que ponen en grave riesgo las aguas y la economía de las Islas.

A pesar de que la protesta era pacífica, las embarcaciones de la Armada Española embistieron varias veces a los dos grupos de activistas de Greenpeace, poniendo en riesgo la vida de más de diez personas; una de las citadas colisiones producidas por la Armada, ocasionó la caída de una de las activistas al mar, sufriendo esta persona una fractura y otras heridas graves producidas por las hélices de las embarcaciones fuera-borda de la Armada.

Entendiendo que esta agresión fue totalmente injustificada por el carácter pacífico de la protesta, y un caso de exceso de fuerza por parte de los miembros de la Armada, entendemos que se debe exigir al Gobierno de Canarias que de instrucciones a sus servicios jurídicos para actuar contra el Gobierno de España por estas agresiones.

Es más, consideramos inadmisible que el Gobierno del Estado español utilice recursos económicos y humanos enviando al Ejército español a defender los intereses de una empresa privada multinacional, amparados en informes con irregularidades, desatendiendo el interés general de la ciudadanía y poniendo en serio peligro los recursos económicos y ambientales del Archipiélago Canario.

Las pruebas gráficas y los testimonios en el lugar del incidente demuestran que el Ejército español atacó de forma brutal y desproporcionada a las embarcaciones de la ONG Greenpeace, que de manera pacífica protestaban por la llegada del buque de REPSOL que realiza las prospecciones petrolíferas, en contra de la opinión mayoritaria del pueblo canario, y que supone un peligro para nuestro medio ambiente y nuestra economía.

Sí se puede considera que no cabe la acusación vertida por el Gobierno español contra la protesta de Greenpeace, calificándola de acto de piratería o de intento de abordaje, puesto que la misma se realizó mediante embarcaciones civiles ligeras y desarmadas, sin poner en ningún momento en peligro la integridad del buque de REPSOL ni de su tripulación.

Sí se puede considera que no es admisible un ataque contra una organización que precisamente actúa en defensa del medio ambiente y de los intereses del pueblo canario, entendiendo que la actuación de los miembros de la Armada española el pasado día 15 de noviembre no puede quedar impune y mucho menos, volver a repetirse.

Por todo lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes, concejales de Alternativa Sí se Puede, pertenecientes al Grupo Mixto municipal, presentan ante el Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación, en su caso, la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Los grupos políticos de este Ayuntamiento condenan la actuación de las Fuerzas Armadas del Ejército español del día 15 de noviembre contra las embarcaciones civiles de un grupo de personas que se manifestaban de forma pacífica.

Segundo.- El Ayuntamiento de Tacoronte solicita al Gobierno de Canarias que presente la correspondiente acción legal contra el personal militar del Ministerio de Defensa que realizó la agresión el citado día y contra la persona que dio dicha orden.Igualmente, el Ayuntamiento de Tacoronte solicita al Gobierno del Estado español la puesta en libertad del buque de la organización Greenpeace retenido en el Puerto de Arrecife. 

Tercero.- El Ayuntamiento de Tacoronte solicita al resto de las Administraciones Públicas de Canarias y a la población canaria en general, el apoyo a los actos de repulsa por esta acción.

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- V - 
MOCIÓN PARA RETIRAR LAS CUENTAS CORRIENTES QUE EL AYUNTAMIENTO DE TACORONTE TIENE EN CAIXABANK Y PARA NO CONSUMIR PRODUCTOS DE REPSOL HASTA QUE SE SUSPENDAN LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN AGUAS CANARIAS O SE CONSULTE AL PUEBLO CANARIO EN REFERÉNDUM.
(Moción presentada por Alternativa Sí se puede a propuesta de Izquierda Unida Canaria)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno del Estado ha dado autorización a la multinacional Repsol para efectuar prospecciones petrolíferas muy profundas a 50 kilómetros de las principales costas turísticas de Lanzarote y Fuerteventura, en aguas canarias. Se trata de unas perforaciones que se imponen contra la voluntad de la ciudadanía canaria, que ha manifestado en los dos últimos años su rechazo reiterado y masivo en las calles. La oposición a las prospecciones también se ha expresado en decenas de ayuntamientos de todas las islas, en seis de los siete cabildos insulares, y por parte del Parlamento de Canarias y del Gobierno autonómico. Además, ese rechazo ha sido respaldado por las más destacadas organizaciones no gubernamentales internacionales de carácter medioambiental, por la comunidad científica mundial especializada en mamíferos marinos, por la abrumadora mayoría de cofradías de pescadores canarias, por las firmas de más de 210.000 personas de 183 países de los cinco continentes, y, asimismo, ha generado honda preocupación en las federaciones profesionales de operadores turísticos y agencias de viaje de siete países de la Unión Europea, países que envían el 80% de los cerca de 12 millones de turistas que anualmente visitan las Islas Canarias.
Las encuestas efectuadas en el Archipiélago muestran una creciente oposición a las operaciones de la multinacional Repsol en aguas canarias, no solo porque el Gobierno de España las ha impuesto sin ningún tipo de explicación a la sociedad canaria y a las instituciones de las islas, sino porque los procedimientos administrativos cursados por los ministerios de Industria y de Medio Ambiente se han efectuado reiteradamente faltando a la verdad, con una inaceptable falta de transparencia, y supeditando los intereses generales de la población canaria a los intereses del Partido Popular y de Repsol. Asimismo, el Gobierno de España se ha negado a autorizar una consulta popular solicitada formalmente en 2014 por el Parlamento de Canarias. Es más, el desprecio a los mecanismos democráticos quedó expresado con claridad por el ministro de Industria, José Manuel Soria, cuando declaró, tanto durante el período para la presentación de alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental, en agosto de 2013, como en referencia a las alegaciones a la propuesta de Resolución de Industria, en agosto de 2014, que esas alegaciones “no detendrán en ningún caso las prospecciones petrolíferas”.
La ciudadanía canaria rechaza las perforaciones en las aguas del Archipiélago porque es consciente de que pueden causar daños gravísimos a sus ecosistemas. Además de las islas de La Palma, La Gomera, y El Hierro, las islas de Lanzarote y Fuerteventura están declaradas en su totalidad como Reservas Mundiales de la Biosfera, en un Archipiélago que alberga 5.232 especies vinculadas al medio marino y una de las mayores densidades de cetáceos del planeta. Las 616.000 hectáreas donde Repsol pretende perforar los lechos marinos, y su entorno oceánico próximo, constituyen una de las áreas más importantes del mundo para la supervivencia de distintas especies de cetáceos, y representa el más importante refugio de ballenas y delfines de toda Europa, con 28 especies presentes identificadas en la zona de los sondeos.
Asimismo, es obvio que, si se produjera un vertido de petróleo, también se dañaría gravemente al sector turístico, que, en Canarias, representa el mayor porcentaje de empleo del Estado. Pero además, la contaminación del litoral costero de Lanzarote y Fuerteventura podría paralizar las desalinizadoras que abastecen el 100% del agua potable que nutre tanto a la población residente como a la turística, aunque también la isla de Gran Canaria podría resultar afectada en este sentido. Sin embargo, la amenaza no solo recae en las islas más próximas a la zona de las perforaciones, ya que tanto los estudios de dinámicas oceánicas de Canarias desarrollados en los últimos años por universidades canarias, como la propia petrolera Repsol y el Ministerio de Medio Ambiente, reconocen que un derrame en la zona de exploración petrolífera podría alcanzar potencialmente las costas de cualquiera de las ocho islas Canarias habitadas, y el litoral costero africano.
Ante esta realidad, el Gobierno no ha contestado a las preguntas efectuadas por Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, que interrogaban al Gobierno sobre si compensaría a los trabajadores y a las empresas que se quedaran sin actividad a causa de un gran vertido de petróleo. Tampoco hay respuesta a la pregunta sobre qué planes de acción tiene el Gobierno en caso de paralización de las desalinizadoras de Lanzarote y Fuerteventura.
Hay que señalar que no hay ningún régimen internacional de responsabilidad e indemnización por los daños derivados de perforaciones mar adentro. Aunque España participe en fondos de indemnización por vertidos de hidrocarburos debe tenerse presente que sólo cubren vertidos de petroleros y buques y sólo daños medioambientales, pero no económicos. Para las perforaciones que Repsol tiene previsto efectuar en los próximos meses, el Estado español ha determinado que la petrolera debe contratar un seguro de responsabilidad civil de 60 millones de euros para cubrir posibles daños al medio ambiente y a las personas. Esta cifra es del todo insuficiente en caso de desastre, y muy lejos de los más de 7.000 millones de euros que la petrolera British Petroleum tuvo que pagar recientemente a EE.UU. por los daños ocasionados por una sola de sus plataformas petrolíferas, en abril de 2010.
En otra respuesta escrita facilitada por el Gobierno a Izquierda Unida se reconoce que, de haber hidrocarburos bajo las aguas del Archipiélago, los beneficios económicos que conllevaran serían para Repsol y no para la ciudadanía. En la respuesta fechada el día 7 de mayo de 2013, el Gobierno afirma que “la recaudación por impuestos especiales nunca podrá determinarse a priori ya que la misma no depende del petróleo extraído sino de los productos que se obtengan del refino de este producto (gasolinas, gasóleos, fuelóleos, etc.)”. En suma, el Estado ingresaría por el petróleo canario lo mismo que por petróleo importado de otros países. Es decir, se adopta una lógica en la que Repsol asume los beneficios económicos y el pueblo canario los riesgos.
También hay que destacar que el Gobierno tampoco ha respondido a las preguntas parlamentarias en las que se le ha pedido que concrete el número de puestos de trabajo que podrían crear las prospecciones en busca de hidrocarburos y su posible explotación posterior en Canarias. Se han publicado cifras claramente exageradas sobre la creación de empleo derivada de las prospecciones y la extracción posterior de hidrocarburos, y el Gobierno no quiere reconocer en una respuesta oficial por escrito la escasísima creación de empleo que conllevarían tales actividades. El presidente de Repsol afirmó, en 2012, que las prospecciones iban a crear 52.000 puestos de trabajo; un año más tarde afirmó que la cifra se reducía a 5.000, cuando los expertos reconocen que tampoco esa cifra es real.
El Estudio de Impacto Ambiental de Repsol ha sido objeto de evaluación pericial por parte de numerosos expertos en oceanografía, geografía, biología marina, algunos de los cuales han participado en la elaboración de leyes sobre contaminación petrolífera en Estados Unidos y asesorado a Naciones Unidas y a otros estados sobre cuestiones relativas a la extracción de petróleo en el mar.
Entre los dictámenes de estos expertos, se afirma que “el Estudio de Impacto Ambiental de Repsol sobre las Islas Canarias no es adecuado para el fin que persigue, por lo que se recomienda al Gobierno de España que no lo tenga en cuenta y no permita las prospecciones en la forma en la que se han propuesto”.
Los análisis efectuados sobre los datos aportados por Repsol no permiten “afirmar con una seguridad razonable que el proyecto de prospección se llevaría a cabo de manera segura, ni que el plan de respuesta de emergencia sería eficaz”, y reflejan que las deficiencias del proyecto de Repsol son de tal magnitud que, si se presentara para llevarlo a cabo en aguas de Estados Unidos, no sería aprobado. El plan de Repsol infravalora gravemente la magnitud que podría tener un vertido de petróleo y las medidas que habría que adoptar para afrontarlo, desconoce las lecciones aprendidas de desastres ocurridos en otras prospecciones, prescinde de importantes mecanismos de seguridad, y no se compromete a adoptar las mejores técnicas y tecnologías disponibles.
En Canarias se han autorizado tres pozos a profundidades y distancias de la costa muy similares a las del pozo Macondo que, en 2010, provocó la catástrofe de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, el mayor vertido de petróleo al mar ocasionado por una explotación submarina y la segunda mayor marea negra de la historia tras la provocada durante la I Guerra del Golfo en el Golfo Pérsico (1991). Uno de los pozos autorizados en Canarias alcanza los 6.900 metros de profundidad, es decir, 1.300 metros más que los 5.596 metros del pozo del Golfo de México, por lo que los riesgos son perfectamente comparables, por no decir significativamente mayores, que los del pozo Macondo. Hay que recordar que el vertido de petróleo en el Golfo de México dañó más de mil kilómetros de litoral costero de cuatro estados federales de EEUU, y una superficie oceánica próxima a los 30.000 km2, es decir, la superficie total de las islas Canarias multiplicada por cuatro.
La distancia del Archipiélago a las prospecciones de Repsol (50 km) es inferior a la de la Deepwater Horizon a las costas de Estados Unidos, y muy inferior a los 250 kilómetros que separan el lugar en que se hundió el buque Prestige de las costas gallegas. Y, tanto en el caso del Prestige como en el de la plataforma petrolífera del Golfo de México, las probabilidades estadísticas de que ocurriera una gran catástrofe medioambiental eran -según las empresas petroleras- escasísimas antes de que sucediera, tal y como afirma Repsol en el caso de Canarias. Por lo tanto, debe ser el pueblo canario el que decida si asume o no el riesgo de que se lleven a cabo unas prospecciones que podrían arruinar su economía y dañar severamente su medioambiente. Hay que indicar que los fondos marinos donde Repsol pretende realizar sus perforaciones constituyen un lecho geológico con frecuente actividad sísmica, por lo que el riesgo de fugas o accidentes en el caso de perforaciones ultraprofundas se incrementa exponencialmente en caso de producirse uno o varios seísmos, que han llegado a alcanzar en la zona magnitudes de 4,5 grados en la escala Ritcher.
La decisión no puede estar en manos de empresas que jamás afrontarían los daños que pueden causar, ni debe estar en manos de un Gobierno sustentado por un partido que ha sido generosamente financiado por corporaciones privadas y que, además, ha permitido que quienes dejan responsabilidades de gobierno se integren en empresas a las que beneficiaron con sus decisiones políticas. Canarias no puede asumir riesgos catastróficos para su economía y su medioambiente a causa de la escasa calidad democrática del Gobierno del Estado y de la irresponsabilidad de una empresa multinacional. Nunca en la historia de la democracia española se había asistido a un grado tan notorio de rechazo social, institucional, científico y empresarial como el generado por Repsol en Canarias.
Diecisiete fuerzas políticas de toda España, con representación política en Administraciones públicas, han solicitado al Gobierno del Estado la paralización de este proyecto. Pero la imposición se ha materializado, el pasado mes de agosto, con la aprobación del último permiso que el Ministerio de Industria debía otorgar a Repsol para que la multinacional inicie sus catas. Por tanto, es hora de que la ciudadanía española en su conjunto apoye a la población canaria para exigir que se retire un proyecto de alto riesgo que vulnera los más elementales principios de la democracia, y para ejercer presión ciudadana y democrática, desde las instituciones, sobre Caixabank, uno de los accionistas de Repsol, y sobre Repsol, para impedir que la petrolera y el Gobierno del Partido Popular jueguen a la ruleta rusa con el futuro de Canarias.
Al mismo tiempo, es imprescindible abordar un cambio urgente y profundo del modelo energético actual que, basado en el uso de energías fósiles, se ha demostrado muy contaminante y dañino para el medio ambiente y el futuro del planeta, además de constituir uno de los más graves exponentes del abuso de las grandes corporaciones sobre la ciudadanía. En el caso de Canarias, los elevados precios de la energía y el escaso desarrollo de las energías renovables penalizan a la ciudadanía del Archipiélago y a su economía.
Por ello, y en consonancia con las prioridades medioambientales promulgadas por Naciones Unidas y por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, es preciso un cambio urgente del modelo energético para que la energía en las Islas proceda, en el mayor porcentaje posible, de fuentes sostenibles y limpias. El objetivo debe ser alcanzar la máxima autosuficiencia energética para no depender de intereses exteriores, socializar el recurso en beneficio de la ciudadanía, y evitar progresivamente el uso de energías fósiles altamente contaminantes y peligrosas para el clima y el medio ambiente de la Tierra.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Tacoronte adopta los siguientes ACUERDOS:
1º.- Este Ayuntamiento, en solidaridad con la ciudadanía de Canarias, exige al Gobierno de España la paralización inmediata y definitiva de las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol en aguas de las Islas Canarias.
2ª.- Este Ayuntamiento retirará todas sus cuentas corrientes de Caixabank y dejará de consumir productos de Repsol si no se paralizan las prospecciones antes de finalizar el año 2014, o si no autoriza el Gobierno de España el referéndum solicitado por el Parlamento de Canarias, con el compromiso de acatar la voluntad del pueblo canario sobre si se realizan o no las prospecciones.
3º.- Se insta a los grupos políticos representados en este Ayuntamiento a retirar sus cuentas de Caixabank y a dejar de consumir productos de Repsol hasta que se dé cumplimiento a una de las dos condiciones anteriores.
4º.- Se insta a la ciudadanía a cancelar sus cuentas corrientes en Caixabank y a boicotear los productos de Repsol hasta que renuncie a las prospecciones en aguas canarias o hasta que se convoque un referéndum para que Canarias decida.
5º.- Este Ayuntamiento reconoce la necesidad urgente de transformar el modelo energético actual, y solicita al Gobierno de España la adopción de cuantas medidas sean necesarias para reducir el uso de combustibles fósiles en la generación de energía, promoviendo un sistema respetuoso con el medio ambiente basado en fuentes renovables que beneficie a la sociedad frente a los monopolios actuales.
6.- Se insta a los grupos políticos con representación en otras Instituciones a que trasladen a esos ámbitos las propuestas anteriores.
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- VI - 


MOCION RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE TACORONTE COMO MUNICIPIO OPUESTO A LA APLICACIÓN DEL TRATADO TRASATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓN (TTIP).(Moción presentada por Alternativa Sí se puede a propuesta de Izquierda Unida Canaria)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EEUU) están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general,
El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales.
De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las comunidades locales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleo locales.
Las Administraciones Locales tienen mucho que decir en esta materia, puesto que:
  • Al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro.
  • Siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común.
  • Están obligadas a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente, a defender la universalidad de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía.
Las colectividades locales desean ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este acuerdo y la suerte que correrán los servicios y compras públicos:
  • El comercio y la inversión solamente pueden conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respeta las necesidades humanas en todo lugar, y no se basa únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas multinacionales.
  • La eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia.
  • La apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste.
  • Los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado.
  • Sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia.
  • El control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte adopta los siguientes ACUERDOS:
1.- Declarar al Municipio de Tacoronte como Municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.
2.- Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.
3.- Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP.
4.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados, así como al resto de muncipios de la FECAM.



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