martes, 7 de octubre de 2014

La gestión de CC está acabando con el prestigio del vino de nuestra comarca.

En el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Tacoronte de ayer lunes 6 de octubre, se aprobó por mayoría simple la propuesta del grupo de concejales no adscritos (NA) en la que se pedía la dimisión del Consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, José Joaquín Bethencourt, por el escándalo surgido al conocerse que Bodegas Insulares, una empresa en la que el Cabildo de Tenerife tiene participación destacada, ha estado durante bastante tiempo comprando vino de la Península para mezclar y vender luego como producto de nuestra tierra.


Apoyaron la propuesta de los NA los concejales de Sí se puede, el concejal del PsoE y los concejales del Partido popular

Coalición canaria, una vez más, de forma bochornosa, intentó que la moción quedara sobre la mesa, argumentando que "necesitaban más informes" del consejo de administración de las Bodegas Insulares.  

Al mismo tiempo, y en un acto propio de CC en su extraño concepto de lo que es la canariedad y la defensa de "lo nuestro", presentó una moción en la que pedía el apoyo a los viticultores de Tacoronte; esta última moción fue apoyada por todos los concejales de los distintos grupos políticos, no tanto por la certeza de que quien la presentaba fuera a mantener en el futuro esa postura, como por la necesidad de expresar el necesario apoyo a los/as trabajadores/as  de nuestro campo de una manera pública.


No cabe duda que ha sido escandaloso el hecho de que se haya estado engañando a los viticultores y bodegueros de Tenerife con la importación "secreta" de vino foráneo, pero además, está el agravante de que en Tenerife y en especial en nuestra comarca de Tacoronte-Acentejo, se producen excelentes cosechas de uva propia que muchos años se han tenido que tirar en parte, o que la producción propia de vino de muchos agricultores de la comarca haya sido rechazada sistemáticamente año tras año por Bodegas Insulares aludiendo al exceso de producción.


No debemos olvidar que las Bodegas Insulares han sido mantenidas en gran parte con dinero público, lo que les permite competir en ventaja con las bodegas particulares de la comarca, que han influido en el precio de venta final de la uva a los cosecheros, y que han sido gestionadas por Coalición Canaria durante todos estos años.

En este sentido, nos preguntamos ¿Cómo es posible que nuestro Alcalde, en su condición de miembro del Consejo de Administración de Bodegas Insulares, no tuviera conocimiento del fraude? O lo que es peor aún, si tenía conocimiento del asunto ¿Por qué no lo denunció y esperó hasta ahora, cuando los hechos han sido denunciados por la prensa?



Recordemos que es el mismo alcalde que meses atrás rechazaba apoyar de forma clara las mociones que Sí se puede presentaba en defensa de los agricultores de la comarca, a los que el Gobierno de Canarias adeudaba varios pagos de las ayudas del POSEICAN (Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias). 


El nacionalismo de Coalición canaria, cuya defensa de "lo nuestro" parece llegar sólo hasta donde lo hacen los intereses particulares de algunos de sus miembros, está lleno de discursos que no se plasman luego en hechos reales y de actos simbólicos, a veces casi folclóricos, en supuestos apoyos al sector primario de nuestra tierra. 


Para defender "lo nuestro" no basta con ponerse el traje de mago el día de la romería o  hacer declaraciones en la prensa local sobre las necesidades del sector; hay que llevar a cabo ese compromiso defendiendo eficazmente los intereses de la mayoría, gestionando eficazmente las ayudas a quienes la necesitan y sobre todo, no cometiendo abusos a escondidas. 

No puede convencer una gestión política que destina millones de euros a un proyecto ferroviario elaborado por un pequeño equipo de técnicos, mientras retrasa los pagos a agricultores y ganaderos, fomenta la importación masiva de productos foráneos, o por último, falsea la identidad de nuestros productos agrícolas. 

El daño causado a la imagen del vino de Tacoronte es grave y por eso hay que pedir responsabilidades a quienes destinaban dinero público para la supuesta gestión en su promoción, sin realizar control alguno sobre los destinos de esas inversiones.











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