jueves, 25 de septiembre de 2014

Sí se puede considera excesivo el despliegue policial por el desalojo de la vivienda nº102 de la calle Ismael Domínguez y exige que se cumpla el acuerdo plenario sobre la ayuda al matrimonio desalojado.

Sí se puede considera que el despliegue policial realizado el pasado día 19 de septiembre en  la calle Ismael Domínguez, en nuestro municipio, a fin de permitir la ejecución del desalojo de la vivienda Nº102 por una orden judicial, fue excesivo y supuso la suspensión temporal de la libertad de movimientos a numerosos vecinos, así como un impedimento a la libertad informativa, al impedirse el acceso a diversos periodistas desplazados al lugar para dar información del suceso.

Sí se puede considera igualmente que se intentó de varias maneras impedir las legítimas muestras de apoyo ciudadano a los vecinos desalojados de su casa, adelantando la hora de la acción, y cortando el paso en un buen tramo de la calle durante varias horas.

Sí se puede sigue manteniendo su apoyo al matrimonio de septuagenarios cuyo único delito ha sido el no contar con una buena defensa en un proceso judicial que ellos no iniciaron ni desearon nunca. En este sentido, se brindará toda la información y apoyo posible desde nuestro partido a los vecinos desalojados, a fin de que puedan conseguir una reparación por los daños sufridos.

Por último, desde Sí se puede queremos recordar al Alcalde de Tacoronte que la búsqueda de un alojamiento por los servicios sociales municipales fue fruto de un acuerdo plenario en el que por unanimidad se aprobó la ayuda temporal a este matrimonio. No procede declarar por tanto esta gestión como un mérito exclusivo del grupo de gobierno, máxime cuando el alojamiento provisional ha sido posible por la existencia de una cesión de una propiedad por parte de una tercera persona y sobre todo, porque la misma no está aún en condiciones de habitabilidad, tal y como se ha querido dar a entender ante la prensa.

Sí se puede continuará atento a todas las gestiones y trabajos pendientes para que se cumpla el acuerdo plenario y se ceda a los desalojados una vivienda en condiciones de ser habitada. 






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