miércoles, 27 de agosto de 2014

Porpuesta de moción de la Plataforma Ciudadana "Yo también vivo en el 102 y la PAH Tenerife"




PROPUESTA QUE PRESENTA LA PLATAFORMA CIUDADANA “YO TAMBIÉN VIVO EN EL 102” Y PAH TENERIFE, PARA INSTAR AL AYUNTAMIENTO DE TACORONTE A ADOPTAR MEDIDAS PARA EVITAR EL INJUSTO DESALOJO DE ANTONIO MÉNDEZ Y SU MUJER BERTA FERREIRA

El caso de Antonio Méndez y Berta Ferreira fue hecho público hace ya más de dos años. La noticia de que el injusto desalojo ordenado por un juzgado de San Cristóbal de La Laguna se iba a ejecutar, provocó la movilización de cientos de vecinos y vecinas del municipio y de toda la isla. Por dos veces se consiguió paralizar el lanzamiento, plazo durante el cual, la pareja de ancianos ha solicitado al Tribunal Supremo la revisión del caso, admitido a trámite y aún por resolver.
Una demanda plagada de falsedades e inexactitudes, realizada en el año 2004 por el vecino de Antonio y Berta, Urbano Hernández, da lugar a este procedimiento cargado a su vez de irregularidades, mala praxis y errores judiciales.
Una resolución judicial de 23 de diciembre de 2005 les obliga a realizar obras de consolidación y ejecución de los elementos estructurales necesarios para garantizar la estabilidad del edificio contiguo (nº 104), así como del propio. Posteriormente, con fecha 30 de octubre de 2006 la Audiencia Provincial DESESTIMA el recurso de apelación presentado por la pareja. Así que ha de ejecutarse la sentencia. Hacen el muro pero, con fecha uno de septiembre de 2008, una perito judicial nombrada para verificar si se ha ejecutado la sentencia, emite un informe NEGATIVO de la obra hecha, valorando el coste de ejecución de la misma en 136.466,77 € (un muro “de carga”, en cada planta, de 9,35 m. de longitud). Esto es a todas luces exorbitado, pues el valor total del inmueble por aquel entonces, ni siquiera llegaba a esa cantidad (existe un exhaustivo informe de enero de 2010 que valora la misma obra en 12.109,63 €).
Antonio y Berta no pueden acometer dicha obra por razones económicas. A través de Diligencia de Ordenación emitida el 02 de noviembre de 2011 por la Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº5 de San Cristóbal de La Laguna, se procede a subastar el inmueble. Dicha subasta queda desierta al no presentarse nadie a la puja. Es esta la razón por la que, la jueza que instruye el caso, ordena le sea adjudicado al denunciante para compensar los supuestos perjuicios que se le han ocasionado.
Antonio y Berta pierden su casa a pesar de tratarse, como decíamos, en una demanda basada en falsedades. Durante años y hasta agotar todos sus recursos económicos, intentan demostrar con todas las herramientas legales a su alcance, que se trata de una sentencia injusta.
Con fecha 16 de febrero de 2012 el Ingeniero de Edificación-Arquitecto Técnico, D. José Luis Arriaga Agrelo, con número de colegiado 2732, emite un informe aportando datos relevantes, que de haber sido tenidos en cuenta hubieran sido concluyentes, como es el caso de una fotografía aérea obtenida a través del GRAFCAN, en la base de datos del Registro del Gobierno Autónomo de Canarias, que data de 1979, en la que se puede ver que la vivienda del nº 102 (hoy, de Antonio y Berta) ya estaba construida, mientras que la del nº 104 (de Urbano Hernández) sigue en su estado inicial. Esto vendría a ser una prueba documental definitiva, que demostraría que la denuncia no tenía fundamento jurídico alguno ya que Urbano Hernández aún no había realizado obra alguna en la vivienda antigua. Tampoco se tuvo en cuenta el testimonio del albañil que declaró haber construido la casa del nº 102 de la Calle Ismael Domínguez, en Tacoronte, con anterioridad a la del denunciante.
Además, con fecha 22/feb/2006 D. Antonio SOLICITA copia compulsada de licencia de obra a nombre de Dña. Clementina Martín Cabrera o D. Santiago Brito Martín (antiguos propietarios) en la C/Ismael Domínguez o El Marañón. Con fecha de SALIDA del Ayuntamiento 03-03-2006  12,59, se le dice que la búsqueda realizada entre los años 1968 y 1973 NO HA APORTADO DATO ALGUNO.
Con fecha de ENTRADA 05-11-2012  11:09 D. Antonio hace una nueva solicitud.
Con fecha de SALIDA 09-11-2012  1:51 le comunican:
… HE RESUELTO:
            PRIMERO: Conceder a D. Antonio Méndez Toledo copia compulsada del expediente nº 0318/1973, de solicitud de licencia de obras de reforma en vivienda situada en C/Ismael Domínguez.
Ese documento, que “NO SE HALLÓ” en su momento, HUBIERA RESULTADO DEFINITIVO.
Este caso vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reformas legales y procesales que requiere nuestro sistema judicial. Enfatiza lo injusto de un procedimiento que no reconoce errores y ocasiona perjuicios irreversibles como los que supone abocar a la exclusión social a dos ancianos, dejándolos en un estado de total indefensión por falta de tutela judicial efectiva, ya que no observa ni preserva sus derechos fundamentales.
Aún más grave es cuando se pretende ejecutar una sentencia “inejecutable”, ya que debe actuarse CONTRA UNA PARTE DETERMINADA DE LA VIVIENDA (muro de 9,35m.), pero no contra el resto de la misma, ni los patios y huertas traseras. Tanto es así que acaba con la negativa del propio Registrador de la Propiedad a inscribir la finca a nombre del denunciante (entendemos que no sabe cómo acatar la sentencia). Además, pensamos que se debe esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo, al que se ha recurrido.
Lo desalojos forzosos que se están dando en todo el estado, son ilegales. Incumplen la directiva europea y vulneran Derechos Humanos. Privan a quienes los padecen de una vida digna y les aboca a la muerte civil. Pero en este caso, la justicia, parece hacer alarde de un especial abuso de poder. Esta situación que parece irreversible, deja abiertas varias preguntas en el aire. ¿Estamos todos los ciudadanos expuestos a los errores judiciales sin que tengamos un sistema que prevea situaciones de indefensión que puedan provocar circunstancias como esta? ¿Un error procesal, no es subsanable? ¿Quedamos expuestos los ciudadanos a que concatenados errores judiciales no puedan remediarse por otro órgano cuando suframos perjuicios debido a mala praxis de determinados profesionales?
No podemos entender cómo nuestra justicia no tiene regulado un sistema para subsanar errores de este tipo.
Antonio Méndez y Berta Ferreira vuelven a enfrentarse al tercer intento de desalojo injusto de su vivienda, porque Urbano Hernández, el vecino demandante, ha solicitado nuevamente la ejecución de la sentencia y porque así lo dicta la jueza magistrada que instruye el caso.
Ante todos estos hechos, proponemos los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- En atención  a los servicios prestados a Dª Berta Ferreira y D. Antonio Méndez, que este Ayuntamiento realice un informe a través de sus Servicios Sociales, de las actuaciones realizadas y del asesoramiento prestado desde esa área, describiendo todas las circunstancias jurídicas y sociales que rodean el caso de este matrimonio y lo remita con carácter urgente al Gobierno de Canarias, instando a su máximo responsable, el Sr. Paulino Rivero Baute, a solicitar del Juzgado de Primera Instancia nº5 de San Cristóbal de La Laguna, la paralización del lanzamiento del procedimiento de Ejecución Judicial 385/2004 hasta que El Tribunal Supremo resuelva la revisión del caso.
Segundo.- Se solicite a la Oficina Técnica Municipal que a la mayor brevedad realice un informe técnico-histórico sobre la construcción de las dos viviendas en cuestión (nº 102 y 104), con objeto de que quede patente cuándo  se hizo obra en cada una de ellas.
Tercero.- abstenerse de ordenar a la Policía Local, o a otros funcionarios o empleados públicos, de prestar auxilio a la comisión judicial asignada para efectuar el lanzamiento señalado el día 19 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas, que tiene por objeto el desalojo de D. Antonio Méndez y Dña. Berta Ferreira, informándoles de su Derecho a la Objeción de Conciencia y garantizándoles que aquellos funcionarios/as (o, en su caso, empleados públicos) que se acojan a su Derecho a Objetar, recogido en la propia Constitución Española, que esto no supondrá para ellos actuaciones de carácter sancionador por parte de sus superiores, ni del Ayuntamiento, el cual facilitará toda la información y atención legal o de cualquier índole que pudieran necesitar. Y a través, de sus representantes legales hará llegar una circular informativa, con un documento modelo, que podrán rellenar y presentar ante su superior inmediato, para que le dé curso y lo haga llegar al Alcalde, al objeto de que éste ordene las medidas oportunas, de modo que ningún funcionario (o empleado público) que haya manifestado por escrito su posición contraria a intervenir en estas actuaciones, no sufra sanción ni expediente disciplinario, ni se vea forzado a tomar parte activa en el momento de practicar la diligencia de lanzamiento de la vivienda.
Cuarto.- En atención a la especial protección que merece el Derecho Constitucional a la vivienda y en orden a evitar esta situación de exclusión social e indefensión, el Ayuntamiento de Tacoronte tendrá previsto algún lugar próximo a su domicilio para su realojo, en caso de que el desalojo se lleve a efecto.


Tacoronte, a 21 de agosto de 2014

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