lunes, 18 de julio de 2011

La moción que el Alcalde de Tacoronte no quiso que se debatiera en el Pleno de julio

Moción para promover una solicitud urgente al Parlamento y al Gobierno de España para que se permita que las hipotecas se puedan saldar íntegramente mediante la entrega de las viviendas.

José García Casanova, Concejal de Alternativa Sí se puede por Tenerife, y portavoz del Grupo Mixto Municipal del Ayuntamiento de Tacoronte, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 97.3 del R.O.F., presenta al Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte la presente MOCIÓN para su debate y aprobación si procede, de acuerdo con la siguiente


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el artículo 25 de este importante documento se estable que:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios […].
A su vez, la vigente Constitución Española de 1978 contempla, en su artículo 47, que:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Pero por desgracia, en muchos casos y cada vez más frecuentemente, este derecho básico queda reducido a un mero desiderátum. En efecto, en los países menos desarrollados, millones de seres humanos carecen de un techo adecuado para cobijarse. De esta lacra tampoco se libran de forma absoluta las sociedades del denominado primer mundo, pues la crisis global provocada por las rapaces prácticas financiera de corte neoliberal está situando a sectores crecientes de la población en niveles de precariedad e insolvencia alarmantes.
En nuestro país, este rápido empeoramiento de las economías más frágiles ha provocado un fenómeno de progresiva incapacidad económica de miles de familias a la hora de afrontar las hipotecas mediante las que habían accedido a la compra de una vivienda. La trampa en la que esas personas han caído es de una perversidad tal que ni siquiera tras quedarse sin sus viviendas por impago de las hipotecas se ven libres de tener que seguir satisfaciendo los intereses de aquéllas. En resumen, una condena injusta que aboca a mucha gente a seguir deslizándose hacia el abismo de la pobreza.
            La cuestión reviste una gravedad tal que merece dedicarle un análisis detallado, que pasamos a exponer a continuación.
Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
            Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010, en toda España se han  producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones apunta a que, entre 2011 y 2012, se podría llegar a la cifra de 500.000.
            Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), la ley hipotecaria vigente, cuyo texto data de 1946, posteriormente modificada numerosas veces, determina que la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de la tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas y cuentas de los titulares de las referidas hipotecas y  de los avalistas de las mismas.
            En otras palabras, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una deuda permanente que van a arrastrar a lo largo de sus vidas, con la consiguiente condena a la exclusión social y la economía sumergida.
            Esta legislación antisocial, que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación, no sólo es anómala y no tiene parangón en las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida habitualmente por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios, hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a las  tasaciones de los inmuebles muy por encima de su valor y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que, como ahora se descubre con amargura, en muchos casos escondían todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.
            Este concejal considera inadmisible y totalmente injusto que, en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual situación, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos que pagamos todos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
            Todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución española, reproducido más arriba. Asimismo, el artículo 33 de la propia Constitución,  limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social, que a día de hoy se incumple sistemáticamente al haber acumulado bancos y cajas una enorme cantidad de pisos vacíos.
            Una sentencia de 17 de diciembre de 2010, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, ha avalado por primera vez la entrega de una vivienda al banco, a cambio de la cancelación del total de  la deuda hipotecaria.  La sentencia señala que la importantísima crisis económica que estamos viviendo, según han reconocido el propio Presidente del Gobierno español, los líderes de los más importantes partidos políticos de este país,  expertos económicos y  diferentes líderes mundiales empezando por el Presidente de los Estados Unidos de América, tiene su origen en una causa precisa, que no es otra que la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias.
            Sin embargo, otra sentencia posterior, de 8 de enero de 2011 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, también de Navarra, contradice esta posibilidad y mantiene que la entrega de la vivienda al banco, no cancela el total de la hipoteca, permaneciendo la deuda, aun cuando sus propietarios han perdido la vivienda.
            Esta disparidad de criterios judiciales aconseja la urgente reforma de la legislación hipotecaria introduciendo los cambios pertinentes para evitar el continuo abuso que hacen las entidades bancarias sobre los clientes, amparándose en la normativa vigente.
            También el Estado ha asumido compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
            La respuesta del gobierno estatal ha sido hasta la fecha tremendamente insensible, llegando a  asegurar la propia Ministra de Economía, Elena Salgado, que el cambio de la legislación hipotecaria dañaría al sistema financiero, olvidándose de las enormes cantidades de dinero público que el Estado ha facilitado a las entidades financieras en concepto de rescate, mientras muchas de ellas siguen obteniendo ingentes beneficios y olvidándose de los enormes daños que los bancos y cajas han producido a millones de personas de este país.
Esta situación injusta que está afectando a miles de familias en todo el Estado, depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los Ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. De esta manera, la administración municipal se convierte en doblemente perjudicada porque se vulneran en primer lugar los derechos de sus ciudadanos y segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca y en un marco de continua reducción de las cantidades transferidas por otras administraciones, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.
            La pérdida de vivienda priva al individuo y a la familia de toda residencia, y  la ausencia de residencia les excluye de poder ejercitar cualquier vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.
En este contexto, la Federación Española de Municipios y Provincias anunciaba hace algunos meses que:

La FEMP pedirá al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que analicen las modificaciones normativas oportunas para que los procesos legales de ejecuciones hipotecarias puedan resolverse con la entrega del inmueble y, de esta forma, quede saldada la deuda en su integridad.

Con esta iniciativa, adoptada en una resolución aprobada por unanimidad, la Ejecutiva muestra el apoyo de las Entidades Locales españolas a las personas y familias que, por la actual situación de crisis, se enfrentan a la pérdida de su vivienda tras un proceso de ejecución hipotecaria.

La FEMP considera que el ámbito municipal debe implicarse en la búsqueda de soluciones a esta situación, porque es la Administración más cercana a los problemas diarios e inmediatos de la gente y la primera a la que acuden aquellos vecinos en situaciones de necesidad. Por ello, pide que se modifique la legislación actual y alude a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, de 17 de diciembre, que admitió la entrega de llaves de un piso para saldar la deuda.

            Por todo lo anteriormente expuesto, y entendiendo que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de amparar a sus ciudadanos, al ser la Administración más próxima a ellos y que, como tal, no puede ser insensible a los problemas que los aquejan, derivados -en este caso- de una legislación socialmente injusta, el Concejal Portavoz del Grupo Mixto Municipal en el Ayuntamiento de Tacoronte eleva a la consideración del Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes


ACUERDOS



1.            Consciente de que, en medio de la cruel crisis que atravesamos, muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio se ven condenados a ejecuciones hipotecarias, a perder sus viviendas y a continuar adeudando a las entidades financieras sumas de dinero que siguen lastrando sus ya precarias economías, el Ayuntamiento de Tacoronte acuerda manifestar su adhesión a la resolución de la Ejecutiva de la FEMP mediante la que se pide al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios que se realicen las modificaciones normativas oportunas para que los procesos legales de ejecuciones hipotecarias puedan resolverse con la entrega del inmueble y, de esta forma, quede saldada la deuda en su integridad.

2.            A tal efecto, el Ayuntamiento de Tacoronte acuerda dirigirse al Gobierno de España instándole a que, tal y como lo ha acordado unánimemente la FEMP, en concordancia con lo que ya venían proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, promueva una modificación de legislación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede saldada, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea.

3.            Asimismo, este Ayuntamiento acuerda instar al Gobierno del Estado a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, por causa de ejecuciones hipotecarias de las entidades financieras.

4.            Igualmente, el Ayuntamiento de Tacoronte acuerda instar al Gobierno del Estado a que apruebe con carácter de urgencia medidas destinadas a paliar la situación de las familias afectadas por los desahucios ya producidos, de manera que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos, sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, garantizándose que la renta a pagar no supere en ningún caso el 30% de la renta familiar disponible.

5.            Por último, este Ayuntamiento acuerda remitir esta moción a la FEMP y las asociaciones vecinales de este municipio, dando asimismo traslado de la misma a la FECAM, invitando a los Ayuntamientos de las islas a sumarse a esta iniciativa,


Tacoronte, a 1 de julio de 2011.

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