lunes, 10 de enero de 2011

La auténtica labor informativa de una radio local.


          En 2010 existían en Canarias unas 200 empresas de radiodifusión de carácter local, ocupando más de 300 frecuencias, según datos de la Asociación de Radios Independientes de Canarias, que lucha desde hace años para que el Gobierno convoque el concurso de licencia de frecuencias, que en Canarias, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, no se celebra desde hace muchos años.
        Aunque Coalición Canaria apoyó en 2010 en el Congreso de los Diputados la Ley General de Comunicación Audiovisual, que pretendía cerrar las emisoras de radio que no tuvieran licencia, ha continuado con la parálisis administrativa en el proceso de adjudicación a nivel insular, causando daños a las empresas más pequeñas, incapaces de programar su actividad por la incertidumbre de su futura capacidad de emisión legal. Este daño se hace extensivo a numerosos puestos de trabajo asociados a esas empresas: publicidad, técnicos, etc.
          La nefasta gestión en esta materia está plagada de continuas incidencias: concursos en los que se ignoraban frecuencias, acciones judiciales ordenando la nulidad de adjudicaciones, etc. La regulación del espacio radioeléctrico canario exige de la urgente convocatoria del concurso de adjudicaciones, a fin de evitar  situaciones amparadas en la permisividad y la falta de regulación: interferencias en las señales de aeropuertos, interferencias entre emisoras en zonas próximas, emisiones clandestinas durante más de 10 años, etc. Y en esta situación están incluidas incluso las grandes cadenas de radio, que utilizan en algunos sitios frecuencias en las que emiten sin permiso.

          La promesa de Ana Oramas en el Congreso para acabar con la ocupación ilegal del espacio radioeléctrico se contradice con la postura de su partido en las Islas, que permite la continua proliferación de emisoras por un interés recaudatorio, e incluso se contradice con la política efectuada por ella misma durante su mandato en La Laguna, en el que  utilizó estas emisoras  para su propia campaña política. Este vacío legal impide que se diferencien frecuencias y potencias de emisión para separar emisoras comerciales de las de carácter cultural, formativo o de interés público, como sucede en las emisoras municipales gestionadas por algunos ayuntamientos, las cuales muchas veces recortan su emisión por falta de presupuesto, o se destinan a fines políticos antes que al servicio público para el que se supone fueron creadas.

         El Gobierno canario se comprometió en 2009 a sacar adelante el concurso de adjudicación, publicando incluso un reglamento de la concesión administrativa del servicio público de radiodifusión sonora en Canarias; pero pese a ello sigue sin producirse la ansiada adjudicación.

         Desde Sí se puede hemos luchado por defender los derechos de estas pequeñas emisoras, que muchas veces se convierten en el único medio de expresión de muchas voces y de información que de otra forma no sería conocida por los vecinos. Ante el peligro de que las adjudicaciones queden finalmente en una mera lucha de las grandes cadenas, y el peligro que supone la adjudicación en fechas cercanas a las elecciones municipales de Mayo, exigimos a la Administración autonómica, insular y local que se realice un estudio veraz y profundo sobre la necesidad de mantener determinadas frecuencias que realizan una función pública de comunicación en nuestras comarcas. 

         Igualmente, desde nuestro comité local en Tacoronte, Sí se puede ha solicitado al Ayuntamiento que la radio municipal tenga un auténtico carácter público, retransmitiendo en directo los plenos municipales, difundiendo mejor la información de la gestión municipal, aumentando la participación de mayor número de personas en su programación, abordando sin miedo los principales problemas que afectan al municipio, y sirviendo de medio de comunicación efectivo entre los tacoronteros/as.


No hay comentarios:

Publicar un comentario